La organización Omega Engineering interpuso el arbitraje contra el estado panameño por daños y perjuicios derivados de contratos que figuraban en tres centros de atención primaria del Ministerio de Salud, el Mercado Público y la Municipalidad de Colón, la Ciudad Judicial en La Chorrera. Sin embargo, Panamá le ganó a la constructora puertorriqueña, esta última que estaba solicitando el pago de 81,5 millones de dólares, fue condenada al pago de 4,8 millones a Panamá por los gastos del proceso.